Por Miguel Leal Cruz
Las declaraciones que ha
efectuado el Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el pasado domingo día 23
(noviembre 2003) al periódico La Opinión, cuando asegura que “en Las Palmas de
Gran Canaria se está creando un poder económico con apoyos políticos…”, nos dan
pábulo para incidir sobre un aspecto ya debatido pero nunca superado: el pretendido
desmantelamiento del pleito insular y la creación de una única capitalidad para
esta nacionalidad archipiélagica. Pero, tal vez con no sana intención, el mismo
rotativo en sospechosa noticia paralela apunta que “se están detrayendo inversiones en Tenerife y a
favor de Gran Canaria… y que Adán Martín ha celebrado excesivos consejos
de Gobierno en la capital de la isla
hermana cuando la sede de la presidencia corresponde a Tenerife durante toda la
legislatura…”
Resulta lamentable lo
anteriormente apuntado para quien se pueda sentir canario de todas las islas y
ajeno a toda complicidad en el susodicho pleito, que como es sabido beneficia
más a intereses económicos, empresariales y periodísticos que a los canarios
del montón que son los más aunque puedan estar informados de lo que ocurre en
el plano reivindicativo de otras nacionalidades históricas del mapa español con
menos peculiaridades intrínsecas que la nuestra. La coyuntural gestión
gubernamental del Partido Popular es considerada causa e incentivo fundamental
para las mismas.
Como ya se ha dicho desde
hace algún tiempo (unos diez años) el control político y administrativo en toda
comunidad jurídica (nacionalidad con o sin estado), pero más contundentemente
en los estados soberanos, se determina a través del Parlamento y el Gobierno.
En la comunidad canaria,
erigida en nacionalidad como consecuencia de reforma estatutaria, existe un
Parlamento con sede en Santa Cruz de Tenerife que concentra a los sesenta
parlamentarios elegidos en todas las Islas, y una sede del Ejecutivo, hoy
alternante en las dos capitalidades canarias y que reúne, para cada acuerdo de
gobierno a 10 o 12 consejeros (incluidos directores generales y cargos
intermedios) por las distintas áreas y para acuerdos que afectan a cualquiera
de las siete islas.
Una vez fijadas las
respectivas sedes para ambas instituciones básicas, lo demás sí puede ser
compartido o repartido siguiendo la sana y buena lógica de toda administración
cuál es el racional equilibrio, la celeridad y eficacia en la gestión.
Por lo tanto no hay que temer
dónde ha de ir la sede permanente del Parlamento ni la del Ejecutivo,
normalmente en una capitalidad distinta: En nuestro caso Santa Cruz de Tenerife
y Las Palmas de Gran Canaria respectivamente.
Así lo apreciamos en
auténticos países soberanos con similar problema. Alemania entre Berlín y Bonn,
Holanda Ámsterdam y La Haya, Brasil entre Río y Brasilia. En consecuencia es
digno mencionar aquí lo que manifestó, un tertuliano destacado de la Cadena Ser
tinerfeña, Antonio Salazar, cuando tiempo ha, debatiendo este polémico tema creado
intencionadamente haciendo uso de aquello de “divide y vencerás”, dijo: “Hay
que darle la capitalidad a Las Palmas de Gran Canaria para que nos dejen vivir
en paz a todos...”
Canarios somos todos incluso
los afincados que van tomando arraigo e interés por los acontecimientos
cercanos que redundan en su inmediato beneficio, pero aquella elección no tiene
que ser fundamental y obedece a razones estratégicas globales para nuestros
comunes intereses, puesto que el presidente de la Comunidad puede ser tanto de
Fuerteventura o del Hierro, como de
Lanzarote o La Palma, etc. Lo elegimos todos al igual que a los
parlamentarios. No es fundamental por que actualmente la burocracia
administrativa o de gestión se acerca por las rapidísimas autopistas de la
informática, no sólo por el ya desfasado correo electrónico, sino a través de
comunicación interactiva bis a bis que hace simultánea cualquier orden o
disposición oficial. No tiene sentido esta guerra entre personajes interesados
de ambas islas mayores sin tener en cuenta el sentir mayoritario del pueblo
canario fundido y hermanado, cada vez más, en torno al sentimiento propio de la
“canariedad” sin perjuicio de que sea compartido con el resto del país
peninsular español, Europa, o con nuestros hermanos de América.
Con esta lucha creada por muy
pocos hacemos el ridículo ante terceros no sólo dentro de España sino en países
vecinos, léase Marruecos, poniendo en
peligro la voluntad mayoritaria que desean los canarios dentro de la condición
de españoles y europeos. El pleito y sus consecuencias lo crean personajes
determinados, por intereses económicos unos, por interferencias foráneas otros,
y los demás, la mayoría, sufren estos hechos que afectan a su dignidad
peligrosamente. El temor se halla en que esa mayoría copie actitudes que se
están gestando en aquellas comunidades históricas.