Aguas canarias y su urgente delimitación

Santiago Rivero Alemán *

En materia de aguas marítimas, el reconocimiento internacional de las que corresponden a Canarias, como entidad unitaria archipielágica en el marco de España, es una cuestión y un problema que debe ser abordado y resuelto con urgencia. Hasta ahora este tema ha sido, al menos aparentemente, tabú para las autoridades nacionales, a las que corresponde la iniciativa de la delimitación de las aguas jurisdiccionales marítimas, conforme a la distribución competencial que dimana de la Constitución Española (Art. 132.2 y 149.1.19; STC9/2001,18.1.2001).

Casi siempre presos de temores, dudas e inhibiciones, los intereses de Canarias se han visto pospuestos en multitud de cuestiones, tal vez porque sus problemas han sido considerados de menor entidad en relación con otros de mayor prioridad o enjundia para el Gobierno del Estado; estimación ésta que se palpa en el sentimiento de los canarios, que en alguna medida sienten que los diferentes Gobiernos les han dado un cierto trato colonial o próximo a él. A pesar de la españolidad indudable de Canarias, es proverbial el olvido e incomprensión con que se desatienden algunos asuntos insulares, al menos ésa es la sensación que se transmite desde la distancia continental; por falta de decisión en unos casos, o por la adopción de medidas apropiadas para el territorio peninsular pero impropias para un territorio insular fronterizo, próximo a un territorio con un grave problema no resuelto, como es el de la descolonización del Sáhara. Esta tibieza, falta de comprensión, cierta incapacidad, o desidia, ha presidido en mayor o menor grado la política española con Canarias, que de buenas a primeras se convirtió en territorio fronterizo tras el abandono del Sáhara. Hay suficientes ejemplos a lo largo de la historia en los que se ha demorado o denegado la aplicación de derechos, o ciertas concesiones, sólo por sospecha y desconfianza; por dudas infundadas acerca de los objetivos de la reivindicación, por si tal pretensión pudiera implicar un alejamiento político y una excesiva autonomía que pudiera conducir al separatismo. Sin embargo, es todo lo contrario, es el olvido y esa actitud torpe que se denuncia -como la adoptada con el Sáhara en su día- laque podría dar lugar al nacimiento de corrientes en tal dirección.

Canarias, objeto de piratería europea (británicos, holandeses), hasta llegar el siglo XIX por cuanto era depositaria de mercancías que se movían en la ruta con América, fue después parcialmente colonizada económicamente por intereses británicos vinculados a la exportaciones agrícolas y a la consignación de buques. La europeización económica producida en Canarias durante el siglo XIX se vio limitada más tarde con la última Dictadura. Al separarse económicamente las Islas de Europa, permanece la relación con Hispanoamérica y se intensifica con el Sáhara español. Hasta la precipitada descolonización de este territorio -que tuvo cierto carácter de huida- no se sintió en las Islas el nivel de desprotección que se ha vivido desde entonces, lo que produjo en Canarias una sensación de desamparo verdaderamente traumática. Hasta el abandono de Ifni (1969) y el episodio posterior en Río de Oro (1975) Canarias no constituía frontera exterior alguna; pues, a sus espaldas, a sólo cien kilómetros, se encontraba un territorio español con suficiente dotación militar, con el cual existía una relación comercial importante desde las Islas Orientales -Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura-. El avituallamiento de las tropas, los suministros a la población, la prestación de diferentes servicios, junto a la explotación minera y pesquera, tuvieron a Las Palmas de Gran Canaria, capital de la Provincia oriental, como centro neurálgico y punto de apoyo logístico. Como ha dicho Felipe Baeza Betancort, "España aparecía todavía firmemente implantada en el cercano territorio del Sáhara, lo que hacía del espacio marítimo canario-sahariano una especie de mar interior español".

A partir de la descolonización, muchos españoles, en particular canarios, regresaron después de abandonar sus bienes y actividad, perjudicándose con ello a la economía de parte de una región española, sin compensación ni reserva alguna; pues, cuando menos, en el Acuerdo de Madrid debió preservarse los derechos históricos a favor de los pesqueros artesanales canarios. No hubo la necesaria solidaridad respecto de las Islas afectadas, que paulatinamente vieron cómo su flota pesquera artesanal se quedaba sin un caladero que, en parte, también había sido suyo. A partir de entonces se inicia un cierto "flirteo" con Marruecos, país ocupante, pese a la existencia de directrices descolonizadoras de Naciones Unidas que no lo reconocen como titular del territorio. Sin embargo, desde entonces España ha negociado con Marruecos tratados pesqueros, la Unión Europea también, hasta llegar a la situación actual en la que no existe Tratado pesquero alguno, pese a la incoherencia de que Marruecos -que niega la firma del Tratado- recibe, en cambio, multitud de ayudas y ventajas de la Unión Europea. El efecto perverso es que los canarios no pueden pescar en sus aguas tradicionales, con los consiguientes efectos en la retirada y desguace de sus barcos. La realidad actual es la de que Canarias constituye la frontera más al Sur de la Unión Europea y a través de ella se puede acceder al continente, de ahí que se produzcan movimientos inmigratorios a través de unas islas en cuyas costas, puertos y aeropuertos, no existe la debida vigilancia, ni se ha diseñado plan efectivo alguno, practicándose la política del puro palabrerío, el tapujo y el mirar para otro lado, minimizándose el efecto de la invasión silenciosa que las Islas padecen, torpeza que podemos pagar muy caro en un futuro cercano. Es por ello inevitable que desde Canarias exista un cierto sentimiento de padecer dejación y abandono por parte de las Autoridades nacionales; quienes, pudiera pensarse, no abordan con diligencia los problemas del Archipiélago. Ello es tan evidente en cuanto no existen lanchas patrulleras en buen estado o, en su caso, están averiadas o no disponen de combustible, sin medios humanos o vaya usted a saber qué, siempre hablándose de planes que acaban por no cumplirse.

Estos titubeos con Marruecos, con cierto reconocimiento "de facto" de su legitimidad como ocupante del Sáhara, han producido enormes zozobras en Canarias, aunque formalmente se haya negado en otros foros tal legitimidad. Incluso hoy, al tratar el problema de las aguas jurisdiccionales de Canarias, no se tiene claro si negociar con Marruecos -aguas al Norte, Este y Sur-, o si producir una declaración unilateral. Especialmente Coalición Canaria, partido gobernante en el Archipiélago, ha venido manifestando la necesidad de que las Islas tengan un rango estatutario que le permita disponer de aguas interiores archipielágicas, referidas a las que conectan las Islas entre sí, las cuales sería necesario delimitar mediante la fijación de líneas perimetrales rectas que unan y enmarquen al conjunto. Se da la paradoja que la navegación entre islas, entre Gran Canaria y Tenerife, pongamos por caso, se produce en aguas internacionales y no interiores; lo cual resta capacidad de actuación en múltiples facetas, en cuanto a la restricción y control del paso de buques con mercancías contaminantes, lo que pone en riesgo los recursos turísticos y pesqueros; sin que, al paso de los años, el Estado, que debe velar por solventar esta situación, no se haya pronunciado, haciendo caso omiso de las quejas procedentes de la Comunidad Autónoma Canaria. Sin embargo, empieza a darse algún tímido paso al sólo efecto del reconocimiento de las aguas canarias como zona de paso restringido.

Dos hechos han venido a agravar en los últimos tiempos la situación descrita en la primera parte de este artículo: la incesante arribada de inmigrantes irregulares, que el propio Diputado del Común (Defensor del Pueblo en la Comunidad) ha calificado de "invasión"; acontecimiento que se produce con estupor de la población y con absoluto descontrol, dada la irresolución política y escasez de medios en el control de fronteras, evidenciando además la incapacidad política para manejar el fenómeno. Y la concesión a la empresa Repsol-IPF de la autorización para prospecciones petrolíferas a unos 35-40 kilómetros de las costas Lanzarote, lo que ha sembrado la alarma por su posible repercusión negativa en los intereses turísticos.

Sobre estas cuestiones no parece existir una política clara de qué hacer con las relaciones marroquíes, respecto del descontrol absoluto de la inmigración irregular procedente de la costa africana cercana, pasividad que no sólo se manifiesta ante la arribada de pateras, sino que se extiende a la que llega vía puertos y aeropuertos. Problema éste que no sólo concierne al movimiento de personas sino que se extiende al movimiento de mercancías. La falta de control en fronteras, en aspectos sanitarios y fitosanitarios, ha supuesto que en los últimos años se hayan introducido en las Islas abundantes plagas que arruinan los cultivos, o la entrada de algunos animales extraños y peligrosos para el hábitat isleño. El control fronterizo, se insiste, es competencia del Estado, se desempeña de manera muy deficiente y, en ocasiones, inexistente, aunque las cifras que encierren problemas se minimizan y se les quita importancia por parte de los voceros del poder.

Lo cierto es que la opinión pública isleña reclama una solución y que sus aguas interiores, al igual que su espacio aéreo y plataforma submarina, su mar territorial, zona contigua y Zona Económica Exclusiva (ZEE) tengan un reconocimiento dentro del Estado español, primero, y en el contexto internacional, después. Es por ello que con este artículo se pretende aportar una visión y una solución a cuestión tan controvertida, sin negar que puede haber otros puntos de vista; mas, no es admisible la pasividad y el miedo constante al futuro y al entorno, mientras se escapa la posibilidad de atajar mayores problemas de futuro. Resulta lógico pensar que el reconocimiento de los derechos de un pueblo ha de ser inicialmente reivindicado por éste. En tal sentido existe en el Senado español una Proposición de Ley -remitida luego al Congreso- presentada por iniciativa de la Comunidad Canaria, para que se produzca esta delimitación y, en su caso, negociación con países vecinos, hasta alcanzar el pleno reconocimiento internacional. Esta iniciativa ha sido congelada, pues prevalecen otros intereses en las relaciones con Marruecos. Como buen ejemplo a seguir tenemos los avanzados movimientos legislativos portugueses, históricos y actuales, por cuanto para prolongar el área de su ZEE (200 millas marinas) entre Madeira y el norte de Canarias ha integrado a los deshabitados peñascos de las Islas Salvajes en el archipiélago madeirense, con la pretensión de establecer su zona económica en 200 millas a partir de las Salvajes, o lo que es lo mismo, prolongar unilateralmente su jurisdicción hasta 360 millas desde Madeira.

Cualquier programa político para Canarias tiene que aspirar a la consecución del principio archipielágico, a la par que la delimitación de la ZEE, para lo cual han de darse los pasos correspondientes y no quedarse parados, presos de las dudas hamletianas del ser o no ser. Es por ello que preconizamos la modificación del artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, enmarcando al Archipiélago y su prolongación, marítima y aérea, considerando su gran raigambre histórica como requisito contemplado en la Convención sobre Derecho del Mar de 1982, cuya existencia es anterior en quinientos años a la de otros estados limítrofes. Es por ello que debe redefinirse al Archipiélago en la legislación española, incluyendo en su ámbito las aguas, plataformas, fondo oceánico y espacio aéreo. A tal finalidad debe elaborarse la cartografía correspondiente, señalando las líneas de bases rectas perimetrales de unión exterior entre las Islas, remitiendo la misma a los organismos internacionales y, en particular, a la Secretaría de la Convención sobre Derecho del Mar y Organización de Naciones Unidas.

Este paso debe darse a partir de la iniciativa legislativa actualmente bloqueada en el Senado por el Gobierno y el Partido Popular, en la seguridad de que cualquier controversia habrá de resolverse, en su caso, mediante el procedimiento arbitral correspondiente o por el Tribunal Internacional de Derecho del Mar de Hamburgo. La línea de actuación es irreversible por cuanto el pueblo canario, pese a su españolidad, no cejará hasta que le sean reconocidas sus aguas interiores y la zona económica equidistante que corresponde a España, y a Canarias en su seno, respecto de países vecinos, como herramienta para poder organizar la explotación de los recursos cercanos y como medio de protección de los intereses medioambientales y económicos. No se nos esconde que al no ser Canarias un Estado archipielágico, el reconocimiento internacional de las aguas interiores (las que quedan dentro del perímetro exterior del conjunto Islas) será una larga batalla y requerirá de modificaciones en el Convenio de Montego Bay de 1982, que no debe ser inmutable.

Por último, señalar que en el seno del Consejo de la UE celebrado recientemente en Luxemburgo, a efectos de la Política Común de Pesca (de la UE), se ha hablado de un Reglamento Comunitario sobre las "aguas occidentales", pero sólo en el espacio entre las islas británicas y las Azores, sin referencia alguna para el área de Canarias.

(*) Doctor en Derecho

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

Ex Profesor de Derecho Mercantil

Publicado en La Provincia, Diario de Las Palmas, 17-1-04